Informan sanciones contra cuatro exservidores públicos por faltas graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar derivaron en sanciones contra cuatro exservidores públicos por faltas administrativas graves.

De acuerdo con la dependencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta 10 años para desempeñar cargos en el servicio público, además de sanciones económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.

En el caso del SAT, el OIC acreditó irregularidades cometidas por un exfuncionario relacionadas con la asignación indebida de citas para trámites fiscales mediante el uso de datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

La persona sancionada fue identificada como Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, quien recibió una inhabilitación de un año para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por otra parte, en el Banco del Bienestar, el Órgano Interno de Control documentó irregularidades cometidas por tres exservidores públicos. Dos de los casos estuvieron vinculados con retiros de recursos de cuentas bancarias sin autorización de las personas cuentahabientes, por un monto superior a los 275 mil pesos. Un tercer caso correspondió a conciliaciones realizadas con información no verídica.

Las sanciones en Banbien fueron impuestas a Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo. Los tres fueron inhabilitados por 10 años y recibieron sanciones económicas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. No obstante, aseguró que defenderá las determinaciones “con la misma firmeza con que fueron investigados los casos”, al sostener que las sanciones están respaldadas por evidencia y apegadas a derecho.

Asimismo, la dependencia reiteró que el combate a la corrupción requiere la participación de la ciudadanía y exhortó a denunciar actos irregulares en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señaló la dependencia, que reiteró su compromiso de fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.